Una decisión contraevidente

Por: Daniel Coronell

 

El Consejo Nacional Electoral no es propiamente un tribunal. La Constitución lo estableció como un órgano de representación partidista. Los llamados magistrados -salvo excepciones- suelen ser políticos de medio pelo que no alcanzaron los votos para un cargo de elección y terminaron en el CNE como premio de consolación. Ese consejo ya no tiene representantes de la oposición. Todos sus integrantes son miembros de la coalición del gobierno. De La U hasta el PIN, pasando por la sombra de lo que fuera el Partido Liberal.

Nada de eso sorprende, y confirma, más bien, la mediocridad de la institución. Sin embargo, la determinación de archivar la investigación a la campaña del ex ministro Andrés Felipe Arias, a pesar de las pruebas conocidas, es realmente asombrosa.

Y lo es porque la llamada investigación muestra el pobre trabajo de recopilación testimonial y desconoce el alcance de documentos que hace meses están a la vista.

En esta columna se probó documentalmente que -a pesar de la norma que prohíbe el aporte de personas jurídicas a este tipo de campañas- la empresa Mayagüez S. A. remitió a la campaña de Arias al menos dos cheques que salieron de personas vinculadas a accionistas de la poderosa compañía. (Vea el documento). La remitente Mayagüez recibió más de tres mil millones de pesos en beneficios de Agro Ingreso Seguro.

Uno de los aportantes, Jaime Correa Holguín, es representante legal de una compañía accionista de Mayagüez. También es hermano del antiguo presidente y miembro de la junta del grupo Álvaro Correa, quien, junto con su hijo Álvaro José, recibió adicionalmente, a través de sus empresas familiares, Alvalena y la Juliana, otros 700 millones de pesos en AIS. (Vea el documento)

El señor Correa no se explica por qué su aporte fue enviado a la campaña de Arias por Mayagüez: "Presumo que se nos dijo: 'Esas contribuciones se envían a la oficina de Mayagüez S. A'". El agudo investigador del CNE no preguntó de dónde presume el testigo que salió esa instrucción. (Vea el documento)

Tanto él como Roberto Hurtado, el firmante del otro cheque, aseguran que no conocen a Claudia Martínez, la directora jurídica de Mayagüez, que envió sus aportes a la campaña. Pero al investigador no lo sorprendió que ella respondiera que los había hecho "por solicitud que algunos accionistas personas naturales me hacen" (Vea el documento)

O la solicitud se la hicieron unos desconocidos o la jefe jurídica cumplía instrucciones de sus jefes cuando enviaba cheques a la campaña de Arias. Pero el que no quiere averiguar simplemente no pregunta.

El señor Roberto Hurtado acepta, además, que su cheque fue girado en realidad de una cuenta que pertenece a su hijo Juan Rafael Hurtado Yoda, representante de una empresa accionista de Mayagüez, registrado como el verdadero aportante de la campaña. El investigador del CNE no citó al donante real, se conformó con la versión del firmante del cheque.

Tampoco encontró nada que decir sobre otros aportantes que entregaron dineros para financiar a Arias a través de una fundación constituida por directivos de la campaña y que, según su propia contabilidad, movió más de quinientos ochenta millones de pesos, pero el CNE solo encontró 360. (Vea el documento)

La relación entre campaña y fundación fue tan evidente que en el acta de MAC donde autorizan la donación quedó establecido: "Por unanimidad la Junta Directiva de MAC (…) aprueba conceder autorización al Presidente y Representante Legal (…) para que en nombre y representación de la sociedad efectúe donación a favor de la CORPORACION COLOMBIA CAMBIÓ destinada a apoyar al Candidato a la Presidencia de la República de Colombia DR. ANDRES FELIPE ARIAS en la consulta popular interna del Partido Conservador Colombiano". (Vea el documento)

Sin embargo, el CNE, en una nueva jurisprudencia, si así puede llamarse, consagró que estos no eran aportes de campaña porque fueron recaudados por la fundación cuando la consulta popular conservadora estaba suspendida.

La nueva interpretación abre un interesante boquete jurídico para Luis Guillermo Giraldo, quien ha argumentado siempre que no hubo irregularidad en la financiación de la recolección de firmas del referendo reeleccionista porque las normas solo rigen para la campaña y esa campaña no había empezado oficialmente.

Los secretos de Tasmania

José Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania', piensa que tiene los días contados. Asegura que su vida vale muy poco y que hay varios interesados en que se vaya a la tumba sin revelar algunos asuntos. Hace 16 meses, este antiguo paramilitar del suroeste antioqueño fue trasladado a la remota cárcel de alta seguridad de Palogordo, en Santander, a donde le dijeron -según él- que llegaba castigado. (Vea el video)

Moncada no ha cometido ninguna falta disciplinaria. Lo que sí hizo fue confesar ante la Fiscalía que el abogado Sergio González le hizo firmar un papel. El mismo papel que usó el gobierno Uribe para intentar desacreditar al magistrado auxiliar Iván Velásquez, principal investigador de la parapolítica.

La carta, firmada por Moncada Zapata pero escrita en computador y por una persona que evidentemente cursó más de los tres años que pasó Tasmania en la escuela, fue fechada el 11 de septiembre de 2007. El escrito asegura que el día anterior, el magistrado investigador de la Corte Suprema le ofreció beneficios a Tasmania para que vinculara al presidente Uribe con el intento de asesinato de alias 'René', cabecilla paramilitar de Andes. (Vea la carta)

Según Tasmania, por "la vuelta" le ofrecieron 400 millones de pesos, una casa para su mamá y su inclusión en Justicia y Paz. Asegura que el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'el Tuso', hoy extraditado y confeso partícipe en el engaño, y el abogado Sergio González, hoy procesado, fueron los autores del ofrecimiento. En el complot también se han mencionado los nombres del hacendado Santiago Uribe Vélez y del detenido ex senador Mario Uribe, los dos vecinos y allegados del abogado González.

Ya está por encima de cualquier duda que la directora de Operaciones de Inteligencia del DAS, Martha Leal, viajó expresamente a Medellín a recoger la carta por instrucción de María del Pilar Hurtado, quien, a su vez, recibió la orden del secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.

Tasmania recuerda que su vida empezó a cambiar favorablemente dos semanas después de haber firmado el papel. La noche del primero de octubre lo pasaron al patio de 'Justicia y Paz' de Itagüí con una llamativa explicación: "'Es orden presidencial', me dice. Yo digo: 'Pero yo no he pedido ningún traslado', y me dice: 'Vea, tengo una orden presidencial', me lo dice un teniente. En ese momento estaba el teniente Franco encargado de la cárcel". (Vea el video)

Esta semana, cuando pregunté en el Inpec por la razón del curioso traslado, me informaron inicialmente que ningún interno podía ir a un patio de 'Justicia y Paz' sin orden de un fiscal de esa jurisdicción. Una segunda revisión encontró que el traslado fue expresamente ordenado por el director del Inpec, por aquellos días el general Eduardo Morales, quien en la resolución argumentó la discrecionalidad que le otorga la ley.

La ley establece que la decisión es "propia" del director, pero exige que sea motivada. En esa resolución del primero de octubre de 2007 no hay motivación alguna.

Meses después, en respuesta a un derecho de petición, el general Morales aseguró que había ordenado el peculiar traslado por "información allegada por parte del DAS sobre la necesidad de proteger la integridad del interno".

Una semana exacta después del traslado, el 8 de octubre de 2007, la Casa de Nariño abrió el ataque contra la Corte Suprema basándose en la carta del recién trasladado. (Vea el comunicado).

Cuando Tasmania confesó el montaje, volvió la mala suerte para él. En agosto de 2009, el Grupo de Verificación Penitenciaria súbitamente descubrió que no podía estar en ese pabellón porque "no es postulado para los beneficios de Justicia y Paz". Teresa Moya, la directora del Inpec de la época, ordenó la remisión. No lo movió al patio para presos comunes, al lado, sino que dispuso su envío a la severa y recóndita penitenciaría de Palogordo.

"Me premiaron cuando dije una mentira, me castigaron por decir la verdad" (Vea el video), sentencia Tasmania, que aspira a no irse de este mundo sin contar todo lo que sabe. Y sabe mucho.

El efecto WikiLeaks

Por: María Jimena Duzán

 

No han salido ni la mitad de los cables que tiene WikiLeaks sobre Colombia y la tormenta que se ha formado amenaza con producir más derrumbes de los que nos está ocasionando este invierno que nos azota.

El primer desastre es para los uribistas, quienes de manera ilusa pensaban que la relación entre el ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Santos seguía siendo relativamente cercana, y que ellos, a pesar de sus diferencias, habían conseguido pactar una unión muy parecida a la que tienen tantos matrimonios por conveniencia. Malas noticias: después de lo que ha revelado WikiLeaks, este matrimonio no puede sino extinguirse. 

Me quiero concentrar especialmente en un cable que ha pasado relativamente inadvertido. Uno que hace referencia a una reunión de febrero de 2009 con el inspector del Ejército mayor general Carlos Suárez, quien era el oficial encargado en ese momento de la investigación de los falsos positivos. En ese cable es claro que el presidente Uribe trató de minimizar el escándalo de los falsos positivos, porque consideraba que eso podía horadar la guerra contra las Farc, y que nunca estuvo de acuerdo con la relevancia que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le dio al tema.

Suárez le dijo a un funcionario de la embajada que "el fenómeno (de los falsos positivos) se había originado en la Cuarta Brigada de Medellín", una unidad que estuvo liderada años antes por "el ex comandante del Ejército Mario Montoya (quien fue retirado por Juan Manuel Santos poco tiempo después de que reventó el escándalo de los falsos positivos) y por el entonces comandante del Ejército Óscar González", quien sucedió a Montoya, dos militares muy cercanos al corazón de Álvaro Uribe.

Según afirma el reporte, Suárez dejó en claro que "la insistencia por parte de algunos comandantes militares de recurrir al conteo de cuerpos como instrumento para medir los éxitos en el combate contra las Farc, insistencia que iba en contravía de las directivas del Ministerio de Defensa -además de la evidencia de que algunos comandantes tenían relaciones con criminales y el narcotráfico-, llevó a este patrón específico de asesinatos en el caso de los falsos positivos".

El cable revela que el comandante del Ejército Óscar González se "oponía" al trabajo de investigación que Suárez estaba haciendo y que "trató de intimidar a testigos para que no testificaran sobre asesinatos cometidos por la Brigada Número 11 de Sucre".

Suárez agregó que "generales retirados como Montoya y como Rito Alejo del Río -acusado por la Fiscalía de fomentar grupos paramilitares-, están trabajando con políticos de derecha, como el ex ministro Fernando Londoño, para frenar las iniciativas en derechos humanos del ministro de Defensa Juan Manuel Santos".

En cuanto a la posición de Uribe en el tema de los falsos positivos, el ex presidente no puede quedar peor. Según Suárez, "a pesar de la gravedad del escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe continúa midiendo el éxito militar en términos de muertes". Y más adelante agrega que esta concepción ha hecho que Uribe haya empezado a ser influenciado por un grupo de militares y políticos que piensan "que el énfasis en derechos humanos que el Ministerio de Defensa está imponiendo está afectando la guerra contra las Farc".

Este cable no revela nada que muchos colombianos no hubiéramos denunciado, aunque uno sí siente un fresco cuando escucha en boca de un general lo que muchos denunciamos en ese momento. Lo nuevo es que desnuda al gobierno de Uribe y sin ningún pudor lo expone como realmente es. Sin complots inventados, sin artilugios mediáticos.

Estas revelaciones de WikiLeaks muestran no solamente la disparidad de criterios que había entre Uribe y Santos (la hubo también en el manejo que se le dio al tema de las 'chuzadas'), sino la profunda desconfianza que generaba en la embajada norteamericana el presidente Uribe, casi tanta como la que les generó en su momento el presidente Ernesto Samper por cuenta del proceso 8000. Solo así se explica la familiaridad con que el general Óscar Naranjo entra a la embajada gringa a comentar temas tan espinosos para el gobierno Uribe, que dejan muy mal a su círculo pretoriano, como si fuera el canciller de la República.

Pero sin duda, el derrumbe más grave que ha producido WikiLeaks es que se ha venido abajo la noción de que somos un país soberano. El gran hermano que es el Tío Sam nos vigila desde el norte con su gran ojo y él sabe todo lo que pasa en este protectorado. El desfile por la embajada de militares y funcionarios dando reportes es realmente deplorable. Me dirán que eso también ya lo sabíamos o por lo menos lo presentíamos. Sin embargo, la sola confirmación de ese presentimiento produce cierto guayabo. ¿Será que, como dice la canción, "todo se derrumbó"?

Ecosistema

Por: Daniel Coronell

 

Personas con procesos judiciales y disciplinarios pendientes están siendo nombradas o contratadas en el Ministerio de Ambiente. La ministra Beatriz Uribe, antigua gerente de la campaña de Andrés Felipe Arias, está trasplantando a esa cartera a varios de los implicados en el caso Agro Ingreso Seguro. Además tiene devengando asignaciones oficiales a algunos involucrados en la financiación irregular de la campaña que ella dirigió.

Oskar Schroeder Muller, ex asesor del Viceministerio de Agricultura, fue llamado por la Fiscalía a audiencia de imputación de cargos por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado dentro del caso de Agro Ingreso Seguro. No obstante, doña Beatriz lo nombró jefe de la Oficina Jurídica. Es decir, un sindicado es el abogado principal del Ministerio. (Vea el documento)

Juan David Castaño Alzate, ex director de Desarrollo Rural, y cobijado con pliego de cargos de la Procuraduría por hechos relacionados con Agro Ingreso Seguro, fue contratado como asesor del despacho. (Vea el documento)

Como secretaria privada de la Ministra fue nombrada Sandra Gaitán Ñungo. Ella era la directora administrativa de la campaña de Arias y al mismo tiempo ejercía como representante legal de la Corporación Colombia Cambió, una fundación paralela que recogía aportes para esa causa política que hoy investiga el Consejo Nacional Electoral. (Vea el documento)

La cuestionada Corporación Colombia Cambió tuvo vida legal apenas por tres meses. Su efímera existencia no impidió su éxito: recogió 580 millones de pesos en donaciones. La encargada de recibir esos dineros se llamaba Katia Elena Flórez. La firma electrónica de doña Katia aparece en la contabilidad de la Corporación. (Vea el documento)

A pesar de eso -o tal vez por eso-, la ministra Beatriz Uribe recompensó a Katia Flórez con un contrato de la entidad.

Para que no quede duda de que el Ministerio de Ambiente se convirtió en un feudo burocrático y político, otros antiguos subalternos y allegados del ex ministro Andrés Felipe Arias han sido enganchados o contratados por la institución.

Diana Jimena Pereira, que era la directora de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura, se convirtió hace poco en la nueva directora de Planeación de Minambiente. Carlos Alberto García, antiguo jefe de prensa de Agricultura, tiene un contrato para asesorar las comunicaciones de la Ministra. También es contratista de Minambiente María Luisa López, antigua funcionaria de Minagricultura.

Como si le faltaran ingredientes a la receta, la señora Ministra nombró como secretaria general a la protagonista de una interesante historia. Ella se llama Claudia Marcela Montealegre y hace un tiempo trabajaba en el Departamento Nacional de Planeación. Era la subdirectora de Control y Vigilancia de Regalías, es decir, la encargada de supervisar que la plata de las regalías no terminara en los bolsillos de los funcionarios.

La revista Cambio -desaparecida después de destapar Agro Ingreso Seguro- reveló el año pasado que en la casa de la hoy secretaria general de Minambiente estuvo de fiesta el Alcalde de Chiriguaná, Cesar, entonces investigado por manejo irregular de regalías. (Vea el artículo)

El alcalde Ramón Díaz afirmó que llegó a la fiesta de sus controladores y vigilantes únicamente por acompañar a un sobrino que tocaba con el grupo vallenato. Agregó que no sabía que era la casa de la funcionaria Claudia Marcela Montealegre. Sin embargo, ella le contó otra cosa a Cambio. Aseguró que el Alcalde era muy querido y que pidió ir a su casa porque quería ver cómo era una fiesta de cachacos. Reconoció también que accedió, a pesar de que en el momento del ágape estaba al tanto de las denuncias por irregularidades del Alcalde invitado.

Esos son algunos miembros del brillante equipo que acompaña a la Ministra de Ambiente, pero temo que hay otros de los que muy pronto tendremos que hablar.

Los combos de doña Myriam

Por María Jimena Duzán

 

El martes pasado en el Congreso, la senadora conservadora Myriam Paredes reaccionó airadamente contra la decisión del gobierno Santos de intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al tiempo que rechazaba de manera altiva la insinuación de que el conservatismo estaba poniéndole talanqueras a la agenda del gobierno por temor a que les quitaran sus feudos burocráticos. Lo que sí no nos contó la senadora a los colombianos es que su furia no era solo una pelea por la dignidad del Partido Conservador, batalla loable y patriótica, sino porque ella era una de las políticas más interesadas en que el gobierno Santos dejara las cosas en la DNE como se las dejó a ella el ex presidente Uribe. 

Tengo en mis manos las resoluciones que demuestran que la DNE le entregó a su hermano la administración de más de cien bienes incautados a los narcos. La senadora nariñense, quien inicialmente se opuso a la reelección del presidente Uribe y que después, sorprendentemente, cambió de opinión y votó a favor de esa iniciativa en la plenaria de la Cámara, fue una de las más favorecidas con los 'combos' de bienes que la DNE les habría entregado a varios políticos para que estos los usufructuaran sin mayor control ni auditoría durante la administración de Uribe Vélez.

La manera como estos 'combos' fueron entregados es materia de investigación de la Fiscalía. Pero por lo pronto ya se puede anticipar que en la mayoría de los casos los políticos beneficiados lo fueron a través de testaferros que ellos mismos habrían propuesto a la propia DNE. En esa lista hay cerca de 30 políticos y varios de los presuntos beneficiados aparecen como 'dueños' hasta de moteles, a pesar de que públicamente estén en contra del aborto.

Sin embargo, el caso de la senadora Paredes es bastante más evidente. Sería tal su poder en la DNE que ella no recurrió a ningún testaferro, sino que puso de una vez a su hermano como depositario de varias sociedades. Su hermano se llama Luis Gonzalo Paredes Aguirre y aparece como Depositario Provisional en por lo menos cuatro resoluciones firmadas desde julio de 2008 hasta el día de hoy.

La primera resolución es del 16 de junio de 2008, cuando fue nombrado como depositario de la sociedad Comercializadora de Plásticos Andino Ltda. La segunda resolución es del 7 de julio de 2008 (Resolución n.º 0916), en la que se nombra como depositario de la Sociedad Ario Ltda., integrada por 35 inmuebles, a la cual renuncia varios meses después. En los dos casos el depositario no aportó ningún informe de gestión administrativo ni financiero, un incumplimiento que obliga a la DNE al retiro de los bienes y a suprimir al depositario de la lista de personas aptas para ser beneficiarios. Tampoco su condición de hermano de una congresista levantó sospechas en la DNE, a pesar del evidente conflicto de intereses, el cual puede ser causal de pérdida de investidura.

Nada de lo anterior fue óbice para impedir que el hermano de la senadora Paredes siguiera siendo beneficiado en la DNE. A los pocos meses fue recompensado con un nuevo negocio: fue nombrado el 5 de noviembre de 2008 como depositario de otra sociedad, Inversiones Rodríguez Ramírez y Cía. S. en C.S. A la fecha, en el registro de depositario de la DNE, el señor Paredes Aguirre sigue fungiendo como depositario provisional de esa sociedad, que tiene dentro de sus activos un total de 35 inmuebles, ubicados en San Andrés Isla y el departamento del Valle del Cauca. En el expediente no reposa ningún informe de gestión administrativa y financiera del depositario provisional hasta el día de hoy. Lo mismo sucede con la sociedad Ja Barbosa y Cía. en C., en liquidación, de la cual fue nombrado por la DNE como depositario provisional mediante Resolución 1041 del 30 de junio de 2010. La sociedad cuenta con 141 activos, distribuidos entre oficinas, locales, depósitos y parqueaderos, y de nuevo, a la fecha el depositario no ha presentado ningún informe de gestión ni financiero. Bonita forma de hacer patria y bonita forma de enaltecer el oficio de político. Del clientelismo ramplón en estos ocho años, hemos pasado al saqueo de la nación.

La DNE siempre ha tenido el karma de ser una institución ineficiente porque ha sido constantemente permeada por los narcotraficantes que hasta hoy se las ingenian para que sus testaferros terminen siendo los depositarios de sus bienes incautados por el Estado. Pero lo que no se sabía es que los políticos estuvieran haciendo lo mismo que los narcos y que ellos estuvieran a la par, montando una tramoya para saquear al Estado sin el menor temor de que pudieran llegar a ser descubiertos. Los costos que el país pagó por la reelección de Uribe hasta ahora se están conociendo. Otro triunfo de la seguridad democrática.

Lo que me dijo María del Pilar

Por: Daniel Coronell

Hace unas semanas recibí por BlackBerry un mensaje inesperado. Era la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado: "Daniel. Quiero tomarme un cafecito con ud. ¿Me invita?". Pasaron varios minutos antes de que me animara a contestar. Para la fecha de esa comunicación ya Martha Leal, ex directora de Operaciones, y Fernando Tabares, ex director de Inteligencia del DAS, habían confesado que mi familia y yo fuimos blanco de seguimientos ilegales por orden del gobierno. Por eso la solicitud resultaba tan extraña. Sin embargo, hice de tripas corazón y tecleé: "El sábado a las 12 en 'Noticias Uno'". 

Ella me explicó que no quería dar una entrevista por consejo de su abogado y agregó: "Pero sí quisiera hablar de esto con sumercé". Algo debió notar en el tono de mis respuestas porque agregó: "Está molesto conmigo, ¿cierto?". Cuando se lo confirmé, replicó: "Lo entiendo. Por eso quiero hablar con usded. Sobre todo por lo que usted me ha brindado creyendo en mí. Gracias por oírme a pesar de lo que está pensando".

El sábado siguiente María del Pilar llegó a mi oficina. La oí sin interrumpirla por cerca de dos horas. Aseguró muchas cosas, unas cuantas eran ciertas, otras no; y todas mostraban la desesperación de una persona que se sentía abandonada.

Recuerdo perfectamente que hizo dos afirmaciones que me llamaron la atención. La primera surgió cuando le pregunté por la creación de una compañía con su apoderado, Jaime Cabrera. El 29 de diciembre pasado, ellos registraron una empresa llamada Cabrera & Hurtado Asociados SAS. Ella respondió que ante su situación económica le había pedido ayuda al entonces presidente Álvaro Uribe y este le dio instrucciones a su secretario jurídico para "llenarla de contratos", según sus palabras.

Me aseguró que Edmundo del Castillo se había saltado la orden presidencial y que, por tal razón, las únicas entidades que le habían dado los prometidos contratos eran la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad de Parques Nacionales de Colombia. Y eso -según ella- porque las directoras eran amigas suyas.

También afirmó que había tenido una tensa conversación telefónica con Álvaro Uribe cuando él señaló que al "pobre Bernardo" lo querían enredar con el tema de las "chuzadas". María del Pilar asegura que le reclamó a su ex jefe porque él pensaba en todos menos en ella, a lo cual Uribe respondió que ya era hora de que pensara en pedir asilo político.

Interrumpí la narración de María del Pilar y le pregunté si era Uribe directamente la persona que había sugerido la figura del asilo, y ella me lo confirmó y añadió que si escogía esa opción, esperaba que el ex mandatario la ayudara con sus contactos a obtener ese asilo, así como Bernardo Moreno había contado con el apoyo del Partido Popular, de José María Aznar, y de varias organizaciones de la derecha ibérica para explorar esa posibilidad en España.

Cuando terminó, le pregunté por qué no consideraba la posibilidad de contarle a la justicia todo lo que sabía del DAS, y ella aseguró que ya lo había contado todo. Le insistí en que podía decir de dónde habían venido las órdenes, y guardó silencio.

Unos días después supe que el ex ministro Óscar Iván Zuluaga le había hecho una larga visita a María del Pilar en la oficina de la calle 77, que figura como dirección oficial de Cabrera y Hurtado Asociados.

El pasado fin de semana, una fuente me confirmó que ella estaba en Panamá. Recordé inmediatamente el tema del asilo y le escribí preguntándole por la razón de su viaje. Me contestó: "Atendiendo un cliente e intentando pescar otros dos. Lo noto muy dateado. Daniel, ¿me tiene chuzada?".

También recordé la estrecha amistad de Uribe con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, así como los negocios y las frecuentes visitas a ese país de los hijos del ex presidente.

No que no

Por: Daniel Coronell

Esta semana la actual Ministra de Ambiente y antigua gerente de la campaña política de Andrés Felipe Arias reconoció varios hechos relacionados con la financiación de esa causa publicados en esta columna. Por escrito, y de viva voz, Beatriz Uribe Botero admitió que mientras se desempeñaba como gerente de la campaña gestionaba recursos para una fundación paralela llamada Corporación Colombia Cambió. También aceptó que accionistas y directivos de empresas beneficiadas por Agro Ingreso Seguro –y otros programas del gobierno- fueron aportantes de la campaña del ex Ministro de Agricultura.

La confesión tuvo lugar en un debate en el Senado citado por el acucioso Senador Jorge Enrique Robledo.

Lo llamativo es que en febrero de este año, cuando se hicieron públicas las denuncias, la negativa de Beatriz Uribe fue el comienzo de la airada reacción del entonces precandidato Andrés Felipe Arias y de algunos de sus seguidores, tan activos como exaltados en foros y en internet.

Si se hubieran acogido a las palabras de la hoy ministra y antigua gerente, se habrían ahorrado muchas rabietas e innumerables mensajes.

Hace 9 meses el ex ministro Fernando Londoño, director de un espacio radial y a la vez asesor de la campaña de Arias, “entrevistó” a la doctora Beatriz Uribe para que explicará lo que había sucedido en la financiación.

En esa ocasión ella sostuvo y dejó grabado lo siguiente: “Primero, reitero, no hemos recibido recursos de empresas. Segundo jamás, jamás, hemos gestionado apoyos entre empresas que se hayan beneficiado del programa Agro Ingreso Seguro o de cualquier otro programa del gobierno”. (Vea el video de la declaración)

Sin embargo varios documentos se encargaron de contradecirla.

En primer lugar un correo suyo en el que daba una instrucción en estos términos: “favor tomar nota de los donantes a cargo de cada una de nosotras para mover lo de la Corporación Colombia Cambió”. La respuesta de Emma Lucía Berón, gerente de “Todos con Arias” en el Valle probaba, que gestionaron –y obtuvieron- recursos de varias compañías como MAC, Manuelita y Mayagüez, varias de ellas beneficiarias de AIS y de otros programas del gobierno. (Vea los correos)

Esta semana, ya investida como ministra, Beatriz Uribe reconoció ante el Senado el alcance de su relación con Colombia Cambió: “No tuve vinculación formal con la Corporación Colombia Cambió, sin embargo como voluntaria gestioné recursos para la misma”. (Vea el documento)

Lo curioso es que la distinguida voluntaria pedía plata para Colombia Cambió pero -de acuerdo con sus respuestas - no sabía como iba a gastar la Fundación esas donaciones: “Como lo mencioné anteriormente, no estuve vinculada formalmente con la Corporación, por tanto no conozco el detalle de la operación financiera de la misma”. (Vea el documento)

Por fortuna ese vacío de información lo han venido supliendo los aportantes. Por ejemplo, la empresa MAC en un acta de su junta directiva deja constancia expresa de que la donación para la “Corporación Colombia Cambió” estaba realmente “destinada a apoyar al Candidato a la Presidencia de la República de Colombia Dr. Andrés Felipe Arias en la Consulta Popular Interna del Partido Conservador Colombiano”. (Vea el documento)

La antigua gerente admite que es ilegal recibir donaciones de personas jurídicas, pero al mejor estilo de Luis Guillermo Giraldo quizás piense que la prohibición desaparece si los recursos pasan por el puente de una fundación.

Ante el Senado, la Ministra también aceptó que numerosos floricultores entre ellos los accionistas de las empresas Falcon Farms, Tinzuque S.A. y Floramérica –beneficarias de AIS y deudoras incumplidas del BanAgrario- estuvieron entre los donantes de Arias. (Vea el documento)

Una sesión de tres horas, un cuestionario de 25 preguntas y un senador diligente fueron suficientes para mostrar lo que el Consejo Nacional Electoral no ha podido –o no ha querido- ver en casi un año de investigaciones.

Los flagelantes

Por: Antonio Caballero

Desde hace 35 años he venido escribiendo, en esta revista y en diez sitios más, que la prohibición de las drogas es más dañina que las drogas mismas, por dañinas que estas sean. Y que los daños que causa la prohibición se suman a los daños que causan las drogas.

Es una obviedad. No he sido yo el único en notarla, por supuesto. Los propios gobiernos de los Estados Unidos que cometieron la insensatez de imponerle al mundo su política prohibicionista deberían haberlo sabido de antemano por su propia historia con la prohibición del alcohol entre 1920 y 1933: a los daños del alcohol se sumaron los daños de la prohibición, que fueron múltiples: desde la aparición y el fortalecimiento de las mafias hasta el aumento del alcoholismo entre la población, sin hablar del surgimiento de una economía subterránea que contribuyó a agravar los efectos de la Gran Depresión. Tal vez lo previó así el presidente Wilson, quien opuso su veto -en vano- a la ley Volstead que prohibió el alcohol; y en todo caso de eso se había dado perfecta cuenta 13 años más tarde el presidente Roosevelt cuando, en uno de sus primeros actos de gobierno, impulsó la ley Cullen-Harrison que anulaba la anterior. Pero 40 años más tarde al presidente Nixon, más que la experiencia, le pudo la necesidad de encontrar espantajos para asustar a la gente cuando declaró la 'Guerra contra las Drogas', y luego a Reagan cuando la reforzó en vista de que había desaparecido el fantasma del comunismo y no había aparecido todavía el del terrorismo.

Ahora: en cuanto a la eficacia de la prohibición, todo el mundo reconoce que es un chiste. Tal como sucedió con la del alcohol, la de las drogas sólo ha tenido el resultado de aumentar y diversificar su producción, su tráfico y su consumo. Hoy hay muchos más drogadictos que hace 35 años (y no sólo porque haya aumentado la población mundial), las mafias que manejan el mercado -pues al ser un mercado prohibido y clandestino necesariamente quienes lo manejan son mafiosos, y lo tienen que defender a tiros- son más poderosas que nunca. Y la 'guerra', de pasada, ha destruido moral y físicamente países enteros, como empiezan a reconocerlo tímidamente, timoratamente, algunos de sus ex presidentes (de México, de Colombia, del Brasil) en tímidos y timoratos informes. Porque sigue sin reconocerlo el único gobierno que de verdad importa, que es el de los Estados Unidos. El presidente Obama no ha tenido ante la droga el valor político que tuvo Roosevelt ante el alcohol. Y probablemente -en año electoral- es ya demasiado tarde para que lo tenga: rara vez, en año electoral, se atreven los gobernantes a decirles la verdad a sus conciudadanos. La verdad no da votos, y en cambio el miedo sí.

Por eso no tiene mucha importancia el hecho de que el estado de California haya convocado para este martes un referendo sobre la legalización de la marihuana. O sólo tiene importancia para los marihuaneros californianos y para las finanzas de ese estado, que van a ahorrar en persecución y cárceles y a recaudar en impuestos. Pero en términos globales su efecto es nulo. Porque el problema no está en la marihuana, sino en la prohibición. Como en tiempos, y para los Estado Unidos solos, lo fue la del alcohol, el problema hoy para el mundo entero es la prohibición de todas las drogas prohibidas; y la única solución es la legalización universal de todas ellas, desde la producción hasta el consumo, pasando, naturalmente, por el tráfico.

Pero los gobernantes son miedosos. Por eso se reunieron en Quito los ministros de los países que más han sufrido por las consecuencias de la prohibición -los latinoamericanos: para los Estados Unidos el daño sigue siendo relativamente marginal-, y ¿qué hicieron? Reforzar su plan de acción contra lo que llaman "el flagelo" de las drogas. Como si no quisieran darse cuenta de que, como los flagelantes que se azotan en las procesiones de la Semana Santa, es un flagelo que se infligen ellos mismos.

Será que les gusta.

Doble agente

Por: María Jimena Duzán

 

Muy merecido el premio que acaba de recibir el director de la Policía, Óscar Naranjo, como el Mejor Policía del Mundo. Conozco de vieja data al general y siempre le he admirado su preparación y su verticalidad a la hora de enfrentar el poderío de los carteles de la droga. Sin embargo, con esa misma franqueza con que le reconozco sus aciertos, le diría al general Naranjo que se equivocó al haber aceptado la placa que le dio la DEA en esa misma reunión, a puertas cerradas y en medio de estrictas medidas de seguridad, en la que se le nombra como "agente especial" de la DEA. 

Yo, del general Naranjo, hubiera declinado el premio arguyendo que ni siquiera de manera honoraria el director de la Policía de Colombia podría ser considerado agente especial de ninguna agencia de drogas extranjera, ni siquiera de la norteamericana. Con toda la experiencia y el conocimiento que ha adquirido el general Naranjo en los 30 años que lleva enfrentando a los carteles de la droga, él habría tenido la autoridad moral para devolverles la placa aduciendo tesis de peso que resultarían incuestionables en un país democrático y soberano. Habría podido decirle a la DEA que a pesar de los muchos puntos en común que hay entre la Policía colombiana y la Policía norteamericana en la lucha contra las drogas, Colombia tiene su propia agenda y que por ese motivo éticamente le era imposible enrolarse en las huestes de la DEA, así fuese a título de agente honorario y especial. Una persona de su valentía y de su arrojo hubiera podido sugerirles la necesidad de replantear la estrategia de lucha contra las drogas y así fuera a puertas cerradas hubiera podido confesarles que después de haber enfrentado a los carteles colombianos por más de 30 años, había llegado a la conclusión de que esta era una guerra perdida.

Evidentemente nada de eso ocurrió. La noticia de que el general Naranjo fue nombrado agente especial de la DEA no causó mayor controversia. (¿Qué tal que Piedad Córdoba hubiera sido nombrada como agente especial de la Policía venezolana en 'gratitud' por haber puesto en marcha los postulados de la revolución bolivariana en Colombia? ¿Creen ustedes que el procurador Ordóñez no la habría acusado de traición a la patria?). Y en momentos en que en California se le daba un golpe fulminante a esa política al abrirse la posibilidad de que se comience a debatir la eventual legalización de la marihuana en ese estado, él salía a defenderla ante los micrófonos.

Sin embargo, el hecho de que el país haya considerado tan loable este nombramiento tan atípico no significa que el camino escogido sea el correcto.

Solo significa que el Estado colombiano a lo largo de todos estos años ha sido incapaz de diseñar una política de drogas propia, que responda a los intereses nacionales y no a los intereses de Washington. Significa también que por estar mirando siempre al norte y a la DEA como nuestros oráculos, hemos ido perdiendo un valioso tiempo para que generales tan experimentados y exitosos como el propio Óscar Naranjo aporten con su experiencia y conocimiento en la creación de una agenda propia. El temor a perder los cuantiosos fondos que Estados Unidos brinda a Colombia tanto para la Policía como para la justicia hace aún más difícil que estas reflexiones se lleven a cabo y en cambio impulsa a que nuestras agencias se vuelvan ejecutoras de una política que no solo no ha sido diseñada por nosotros, sino que hay que ejecutarla sin cuestionar.

Si ese debate se hubiera dado en el país de manera abierta y democrática, probablemente temas como el trasplante del Sistema Penal Acusatorio hubieran sido mucho más estudiados y, de pronto, hasta rechazados. Puntos de honor como el de la extradición hubieran sido revisados y la Policía no tendría que invertir sus energías en extraditar colombianos para que muchos de ellos terminen libres después de pagar penas irrisorias, convertidos en estrellas de cine. Los 'éxitos' en la fumigación hubieran sido analizados en su real dimensión y se habría visto cómo la reducción de los cultivos en Colombia produjo el resurgimiento de los cultivos de coca en las zonas de frontera y en países como Perú y Bolivia. Y en lugar de andar enfrascados en la pelea por las cifras que hablan de una impresionante reducción de la coca que se exporta desde Colombia -cifras que no coinciden con la cantidad de coca que llega de este país a México-, deberíamos estar abordando temas como el de la corrupción en la Policía y en el Ejército producto de la penetración del narcotráfico.

Hasta los ex presidentes que una vez creyeron en estas políticas, como Cardoso, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia -y no me extrañaría que lo mismo estuviera pensando el presidente Santos-, tienen hoy sus reservas y hablan ya del fracaso de la lucha contra las drogas sin mayores tapujos. El único que sigue defendiendo una política que está haciendo agua es el general Óscar Naranjo, agente especial honorario de la DEA.

Moscas que cazaron águilas

Por: Daniel Coronell

 

A Melibea, Manuela y Fernando

Lo impulsaba la irrefrenable voluntad de los tímidos. Fernando Garavito vivió y murió defendiendo verdades, muchas de ellas impopulares e incómodas. Ese hombre menudito que hablaba como si estuviera leyendo el diccionario, que casi siempre se vestía de negro y que pasó su vida tratando de no ser una carga para nadie, deja un inmenso vacío en el periodismo colombiano.

En una época, era posible verlo todos los días al volante de su 'escarabajo', por la carrera Quinta al sur, rumbo al diario La Prensa. Allí él era el miembro veterano de un equipo de muchachos que trataba de inventar un periódico diferente.

Era a la vez querido y temido. Algunos de sus pupilos de esa época son hoy reconocidos periodistas y directores de medios, en buena parte gracias a su escuela. Garavito era un implacable editor que no paraba hasta encontrar la palabra perfecta en cada frase.

Jamás perdonó un error de ortografía e inventó un aterrador método histriónico-pedagógico que décadas después recuerdan sus discípulos.

Por ejemplo, una novel redactora, recién salida de la universidad, escribió alguna vez "arrolló", conjugación del verbo arrollar, con ye. Garavito recibió la cuartilla y sin mediar palabra se tiró al suelo y empezó a reptar: "Este es un arroyo -vociferaba-: agua que baja de la montaña". Luego, con agilidad de gimnasta, se reincorporó de un salto y empujó suavemente a la reportera mientras susurraba: "En cambio, esto es arrollar".

Sus textos eran pequeñas obras de arte entre puntos seguidos. Tenía un sentido infalible del ritmo, como si se hubiera tragado un metrónomo. Las suyas eran piezas llenas de verdades actuales que, sin embargo, parecían escapadas del romancero:

"País que juega al tute y hace trampa. País que naufraga en las alcantarillas. País que sólo piensa con el ombligo. País mediocre, país violento, país pobre de espíritu. País que canta a una histérica en el himno. País que siempre queda de segundo…". (País que duele. 1987)

El virtuosismo suyo, en prosa y verso, le sirvió tanto en la guerra como en el amor. Fernando Garavito contaba cómo se convirtió en su propio Cyrano para conquistar a su primera esposa.

Acababa de terminar sus estudios de Derecho en la Javeriana y logró un empleo como redactor de El Tiempo. Mientras tanto, María Mercedes Carranza, hija del maestro Eduardo, era poeta, comentarista cultural y, sin saberlo, musa de Garavito. El ariete para romper ese muro lo creó en complicidad con Daniel Samper Pizano.

Entre los dos inventaron un autor y mandaron sus versos a un concurso organizado por ella. Por la tarde, María Mercedes volvió asombrada y les comentó: "Si vieran el poeta que descubrí". La emboscada lírica derivó en matrimonio.

Los últimos diez años de su vida, Fernando Garavito se encargó con valor de mostrar la cara oculta de Álvaro Uribe. Contra el parecer generalizado y al precio de su tranquilidad y la de su familia. Su trabajo valiente le costó censura y exilio. Sus advertencias sobre el creciente poder de las mafias se han ido cumpliendo como profecías inexorables.

Los hechos siguen concediéndole la razón.

Jamás aspiró a que se la reconocieran. Él mismo se definía como una mosca, mosca en leche, como en la mosca que no entra a las bocas cerradas. Esa presencia molesta que interrumpe los grandes momentos.

Hace tres años, en medio del largo exilio, súbitamente murió su segunda esposa, y el gran amor de su vida, la bella bailarina y maestra Priscilla Welton.

Desde ese momento, el aguerrido Juan Mosca, como firmaba muchos de sus trabajos, empezó a prepararse para reencontrarla. Esta semana lo logró mientras manejaba entre Texas y Nuevo México, la tierra que lo recibió cuando se le empezaron a cerrar todas las puertas en Colombia.

Los santos inocentes

Por Antonio Caballero

 

Sergio Muñoz Bata es un prestigioso periodista mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos, donde ha sido miembro de la Junta Editorial del diario Los Angeles Times y profesor de periodismo científico en el Instituto de las Américas de La Jolla, California. Es columnista habitual de El Tiempo y de 10 o 12 diarios más en todo el continente, y con regularidad dicta seminarios en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y acaba de publicar -en El Tiempo y en 12 diarios más- un duro artículo poniéndonos los puntos sobre las íes a quienes osamos nutrir la irrespetuosa sospecha de que los Estados Unidos pueden tener algo que ver con el narcotráfico. Pues resulta que, para sorpresa de muchos, no tienen nada que ver. Son simples consumidores inocentes, víctimas de la malevolencia de los extranjeros.

Muñoz Bata se tomó el trabajo de llamar a la DEA para cerciorarse fuera de toda duda. Preguntó: "¿Cómo se distribuyen las drogas en este país?" (Estados Unidos). La respuesta fue enfática: "La estructura de control está en México. Pero los carteles mexicanos cuentan con redes de mayoristas que disponen de redes a distintos niveles hasta llegar al narcomenudeo en la calle". Insistió Muñoz Bata, acucioso investigador (pues no en balde es profesor de periodismo científico): "¿Significa eso que los mexicanos controlan toda la venta de drogas en Estados Unidos?". La respuesta, inapelable: "Sí, porque la mayor parte de la marihuana, las anfetaminas y la cocaína vienen de México y se distribuyen a través de las redes de las que ya hablamos".

Un periodista mediocre se hubiera contentado con eso: una respuesta de la DEA, nada menos. Mas no así el infatigable Muñoz Bata, que nos sigue narrando las peripecias de su tarea investigativa:

"Buscando otra perspectiva, también hablé sobre el tema con el ex presidente de Colombia César Gaviria, a quien le tocó lidiar, con éxito (el subrayado, admirativo, es mío), con el temible Pablo Escobar. '¿Sabe usted los nombres de los jefes del narcotráfico en Estados Unidos?', le pregunté. 'No', me contestó".

Muñoz Bata no indagó más allá. Si los nombres de los capos norteamericanos no los conocen ni un ex presidente de Colombia ni la mismísima DEA, que es la encargada de perseguirlos, es porque evidentemente no existen.

Pero yo no quedé convencido. Tal vez soy uno de esos que Muñoz Bata describe como "individuos que, por ignorancia, ideología o por mala leche, escriben disparates" con el objeto de "difundir desinformación". Pero es que me parece difícil creer que los Estados Unidos, que no sólo son el primer consumidor de drogas prohibidas del mundo (y, de pasada, el primer productor y exportador de marihuana, como por lo visto ignora el funcionario de la DEA que habló con Muñoz Bata) sino que inventaron su consumo masivo (Vietnam, la contracultura hippie) y a continuación lo prohibieron (Nixon) garantizando con ello su descomunal rentabilidad, me parece difícil creer que no tengan ninguna injerencia en su propio mercado. Los Estados Unidos controlan la distribución de infinidad de cosas en el mundo entero (y, para empezar, claro, en su propio territorio): automóviles y cereales, bebidas gaseosas y computadores, películas y armas, soldados, presos, dólares, información, desinformación, contrainformación; ¿y no controlan la distribución de drogas? Ese ingente mercado, en ese inmenso país, con sus fronteras protegidas por muros de hormigón con miradores artillados y costas defendidas por las más poderosas fuerzas navales del mundo, ¿de verdad está en manos de extranjeros? ¿De un puñado de rebeldes afganos, de guerrilleros colombianos, de mafiosos mexicanos? ¿Ni un gringo? ¿Ni un aduanero gringo, ni un policía gringo, ni un político gringo, ni un juez gringo, ni siquiera un banquero gringo? ¿Y eso en las narices de la DEA, el FBI, el FTA, la Patrulla Fronteriza, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sus cientos de bases militares? ¿En las narices de los periodistas de Los Angeles Times, sagaces como linces?

De veras: no lo creo.

Me parece más fácil creer que Sergio Muñoz Bata, prestigioso profesor de periodismo científico, ya sea por ignorancia, por ideología o por mala leche, ha escrito un disparate.

El encanto de los Nule

Por María Jimena Duzán

 

Guido Nule, la cabeza visible del controvertido Grupo Nule, abandonó precipitadamente el país, el pasado jueves, junto con su familia, en un avión rumbo a Italia.

Si se fugó del país, como yo me temo, o si se fue a pasar unas semanas a Roma, como dice su primo Miguel Nule, da igual: de todas maneras han quedado como unos estafadores de cuello blanco, a pesar de sus buenos modales, de su impecable vestir y de su roce social. Utilizaron el dinero del erario, proveniente de nuestros impuestos, para montar una pirámide financiera. Por espacio de varios años, esta pirámide financiera fue alimentada con los anticipos derivados de las licitaciones que se ganaban, sin que ningún organismo de control hubiera encontrado ninguna anomalía o puesto la voz de alerta.

En los medios tuvieron la misma suerte. Ninguno investigó cómo habían hecho el milagro de volverse uno de los grupos económicos más importantes del país en solo siete años y apresuradamente los calificaron como "los nuevos cacaos". Y ni siquiera cuando corrió el rumor de que el Grupo Nule le había hecho saber al gobierno del presidente Uribe que si no le adjudicaba un tramo de la Ruta del Sol no podría cumplir con sus otras obligaciones, los medios intentaron confirmar el rumor y lo dejaron pasar.

Cuando vieron que no habían sido adjudicados, los Nule, a sabiendas de que iban a estallar, lograron seguir manteniendo su patraña, y solo en febrero de 2010 el controvertido contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, luego de haber casi que justificado a los Nule en las demoras de las obras de la 26, oficia al Presidente un informe en el que le pide que vigile al Grupo Nule como un caso de pirámide empresarial e inicia procesos de responsabilidad fiscal contra sus firmas. ¿Cuál era el encanto de los Nule?

Según un informe de lasillavacia.com, en el ascenso vertiginoso al poder, los Nule tuvieron varias hadas madrinas. En los medios, sus aliados fueron los hermanos Vargas, Mauricio y Darío, a quienes ellos conocían de vieja data. Incluso Mauricio utilizó una camioneta blindada Hiunday dada por los Nule cuando era director de Cambio, por cuenta de unas amenazas que tenía, y que devolvió cuando estas cesaron. Aunque en el informe de lasillavacia.com, Mauricio Vargas niega que haya recibido dinero de los Nule o que haya tenido un contrato de relaciones públicas con ellos, una fuente de toda confianza me confirmó que a través de Dattis sí se suscribió un contrato de imagen con los Nule que duró dos años y medio y que Mauricio Vargas trabajó para ellos a través de su vinculación a Dattis, cuando él ya no era director de Cambio.

Según lasillavacia.com, esta asesoría de Dattis fue muy efectiva, "pues hasta que estalló el escándalo los grandes medios nacionales los retrataron muy positivamente". Actualmente, la relación entre unos y otros está rota porque los Nule les quedaron debiendo cerca de 1.000 millones de pesos.

El mismo informe señala que los Nule habrían tenido otras dos hadas madrinas. En el poder político, Joselito Guerra, quien habría sido el puente entre ellos y el presidente Uribe. Amigo personal del dueño del Ubérrimo, el ex senador sucreño fue condenado en 1998 en el proceso 8.000, luego de que lo implicó el contador del cartel de Cali, Guillermo Pallomari. Y en el poder financiero, la otra hada madrina habría sido la banca de inversión Sumatoria, del ex ministro de Minas Luis Carlos Valenzuela, de su ex viceministro Felipe Riveira y de Andrés Obregón Santo Domingo. Esta firma estructuró varias operaciones de financiamiento, lo que, según lasillavacia.com, permitió que los primos Nule tuvieran las puertas de los bancos abiertas de par en par durante varios años.

Dicen que los Nule fueron los que filtraron a los medios la grabación en la que el ex representante Germán Olano habla de unas posibles coimas al Contralor de Bogotá. Y que las habrían filtrado con la intención de amedrentar a todos los que saben la verdad de este escándalo. Si eso es cierto, tengo el pálpito de que Guido Nule no va a cambiar sus paseos por la Vía Veneto para venir a Bogotá a poner la cara. Mucho menos ahora, que la compañía de seguros acaba de decir que no pagará el hueco de la 26.

Flor de un día

El periodista Norbey Quevedo reveló la semana pasada en El Espectador que el Banco Agrario tiene problemas para recuperar millonarias sumas prestadas a algunos floricultores. La situación se complicó, además, porque en muchos casos el fiador es el propio Estado a través del Fondo Agropecuario de Garantías. Es decir, el Estado terminó debiéndose a sí mismo más de 25.000 millones de pesos, por cuenta de unos incumplidos.

La W Radio ha seguido el caso y ha encontrado aspectos muy interesantes del asunto. Se han preguntado repetidamente si los beneficiados con los créditos (incluyendo a los morosos) han tenido algo que ver con la campaña política del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. No ha sido sencillo que les entreguen la información detallada en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el persistente Yamit Palacios encontró una pista de oro.

Se trata de una circular del director regional de Asocolflores en Antioquia, Marcos Alberto Ossa, titulada 'Donación para la campaña del Dr. Andrés Felipe Arias' en donde advierte que para cumplir las normas los cheques deben ser girados por personas naturales, pero deja muy en claro, en el punto 8 del documento, que esas donaciones vendrán de empresas y grupos:

"Los aportes se harán por Empresa o por Grupo y dependerán de su Categoría: Categoría A: $5.000.000; Categoría B: $2.000.000; Categoría C: $1.000.000". (Vea la circular).

La circular prueba que existió una instrucción gremial de la asociación de floricultores para hacer donaciones a la campaña del ex ministro Arias, bajo cuya administración empezaron a recibir cuantiosas prerrogativas. Además de los créditos del BanAgrario, muchos floricultores resultaron favorecidos con Agro Ingreso Seguro por coberturas cambiarias e Incentivos Sanitarios para Flores y Follajes, entre otras millonarias ayudas.

Pero además existe una prueba contundente de que varios de los otrora favorecidos por la administración de Andrés Felipe Arias se convirtieron en donantes de su campaña presidencial.

Se trata de la planilla de recaudos de la campaña de Arias. El documento, que ustedes pueden ver en semana.com, muestra que el gestor de 43 donaciones para esa fecha era Asocolflores. Esos aportes de floricultores -que incluyen al presidente de la agremiación, Augusto Solano- suman casi 114 millones de pesos. (Vea la planilla de recaudos).

También son donantes otros beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, pero por hoy concentrémonos en los floricultores y especialmente en los morosos del BanAgrario.

El grupo Falcon Farms recibió más de 12.000 millones de pesos desembolsados por el banco estatal, pero hace unos días fue autorizado para acogerse al régimen de insolvencia (Vea el documento). Es decir, la platica se perdió. En 2008, el Estado le había regalado otros 240 millones como Agro Ingreso Seguro por coberturas cambiarias (Vea el documento). Al año siguiente recibió 371 millones por incentivo sanitario (Vea el documento).

La planilla de recaudos de la campaña de Arias muestra que el mayor accionista individual de Falcon Farms, el señor Jaime Mauricio Restrepo Arango, le donó 10 millones de pesos a la campaña de Arias en un cheque de su cuenta personal del Bbva. (Vea la donación).

El agradecido señor Restrepo también controla Flores La Virginia, que le debe otros 1.460 millones de pesos al Banco Agrario. (Vea el documento).

También es donante de la campaña de Arias -con cheque de un millón de pesos del Hsbc- el señor Arturo Harker Borda (Vea la donación), quien, a través de sociedades familiares y participación propia, controla el 40 por ciento de Tinzuque S.A. Sus socios son compañías panameñas cuyos accionistas están protegidos por el velo societario de ese país. Tinzuque le debe casi 5.000 millones al Banco Agrario. (Vea el documento).

El señor Harker Borda tiene intereses también en Flores Tikiya S.A., que le adeuda otros 1.500 millones de pesos a BanAgrario, y en Flores Chusacá, que debe algo más de 1.000 millones de pesos. (Vea el documento).

Muchos floricultores usaron apropiadamente las ayudas del Estado. Salvaron sus empresas y el empleo de miles de trabajadores. Sin embargo, otros empiezan a protagonizar llamativas quiebras.

Lo que queda claro, por encima de cualquier duda, es que los mayores morosos de los créditos de BanAgrario aportaron a través de accionistas y directivos a la campaña de Andrés Felipe Arias.

Vótese una ley

Leo en los periódicos una información que me deja estupefacto. En este país, en estos tiempos, a estas alturas... Leo en los periódicos que el señor ministro del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras, hombre hecho y derecho, con cara y fama de hombre serio, urge la aprobación por el Congreso de una ley que impida el ingreso de "dineros oscuros" (dineros del narcotráfico) en los equipos de fútbol profesional colombianos.

Lo del fútbol es grave, sin duda: tal ley es necesaria. ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Y me pregunto yo, tan ingenuamente como sin duda lo hace ese hombres serio y formal, buen conocedor de la realidad colombiana tanto en el ámbito específico del fútbol como en otros más vastos: ¿no sería conveniente que el Congreso votara también una ley que impida el ingreso de "dineros oscuros" -que hace 20 años se llamaban "dineros calientes": ¿será que ahora son otros?- en, qué sé yo, la política, por ejemplo? El doctor Vargas Lleras, que es un político profesional, debería proponerla sin tardanza. ¿Y no sería buenísima otra ley que impidiera la entrada de tales dineros malignos en, pongamos por caso, la justicia? Por ser el ministro del ramo, al doctor Vargas Lleras también le debería corresponder la propuesta. Y, ya entrado en materia, no debería privarse: tendría que presentar proyectos de ley que impidan de manera absoluta la financiación con fondos ilegales de cosas como la guerrilla, la construcción, la ganadería, otros deportes diferentes del fútbol -el tejo, el automovilismo: recuérdese que Pablo Escobar corría carreras de carros-, los reinados de belleza, los asaltos a los palacios de Justicia, los asesinatos... Y ya que nos vienen diciendo que por cuenta del exceso de dólares que están entrado al país nos amenaza un brote de la terrible "enfermedad holandesa", ¿no sería estupendo que las mayorías parlamentarias del gobierno votaran una ley que prohibiera de manera rotunda que el oscuro y caliente y dañino (y además ilegal) dinero del narcotráfico entrara al país?

Porque lo está corrompiendo, eso se nota. Es bueno que el doctor Vargas Lleras, que tiene vara alta en el gobierno y en sus mayorías parlamentarias, se haya dado cuenta. Pero...

Yo sé que el doctor Germán Vargas Lleras tiene una sólida formación jurídica, habiendo coronado sus estudios en la Universidad del Rosario de Bogotá y en la Complutense de Madrid. Es la única persona a quien yo le he oído usar con naturalidad la forma "hubiere" del verbo haber y la "fuere" del verbo ser. Sé asimismo que cree firmemente en el imperio de la ley: en eso es un convencido santanderista, así tenga sus ramalazos de autoritarismo bolivariano. Pero lo que me deja estupefacto, como señalé al principio de esta nota, es su candidez: en este país, y a estas alturas... ¿de verdad es tan bobo como para creer que una ley votada por el Congreso, una ley de la República (a diferencia de las leyes naturales, o de las económicas, que más o menos son las mismas), puede tener el efecto de impedir que los dineros del narcotráfico, oscuros, sí, calientes, sí, nefandos, sí, lo que ustedes quieran, sí, entren en donde les dé la gana? El dinero no huele. "Non olet", le dijo en latín el emperador Vespasiano a su hijo Tito, llevándose una moneda a las narices, cuando este le reprochó el hacer instalado en Roma urinarios públicos de pago.

Por si el doctor Vargas Lleras me leyere, le voy a explicar cómo es la cosa. Se llama la ley de la oferta y la demanda. Y es así:

Desde hace unos 30 años, y como consecuencia directa de la prohibición de la producción, tráfico y consumo de ciertas drogas por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en su cauda de todos los gobiernos del mundo, existe una ingente demanda de esas mismas drogas. Por lo cual las ganancias que genera su tráfico son igualmente ingentes: infinitamente mayores que las de cualquier tráfico que no esté prohibido. Colombia es un país productor de tales drogas, y las exporta -ilegalmente, por supuesto- a los grandes países consumidores, encabezados por los Estados Unidos. Y aunque la mayor parte de las ganancias se quedan en los bancos de allá, las escurrajas vienen a Colombia. Y se invierten, entre otras cosas, en equipos de fútbol.

Doctor Vargas Lleras: debería usted proponer una ley -no de este Congreso suyo y nuestro, lleno de parlamentarios comprados por los "dineros oscuros", sino del único que cuenta, que es el de los Estados Unidos-, una ley que autorice la producción, el tráfico y el consumo de las drogas actualmente prohibidas. Y entonces, como por arte de magia, se acabará la penetración de los dineros oscuros en nuestros equipos profesionales de fútbol.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Piezas de rompecabezas

Juan Carlos Sierra, alias 'el Tuso', cuya declaración fue revelada por El Espectador, puede ser la pieza clave para armar un enorme rompecabezas. Él y algunos allegados suyos conectan varias historias de los últimos años.

Libardo Duarte, conocido como 'Monomaicol' o 'Bam Bam', fue durante mucho tiempo el lugarteniente del Tuso. Un buen día, una carta suya llegó a manos del entonces presidente? Álvaro Uribe. Duarte estaba preso en La Modelo, y los internos deben registrar la salida de correspondencia; pero esta carta no tenía sello de salida de la cárcel, tampoco de radicación en la Casa de Nariño.

La misiva del recluso, escrita en una bella caligrafía, había aparecido sobre el escritorio del primer mandatario sin explicaciones. Allí aseguraba que a través de un hueco, que conectaba dos celdas, el paramilitar Francisco Villalba le había ofrecido 250 millones de pesos para que declarara en contra de Álvaro Uribe.

De acuerdo con la epístola, Villalba quería compartir con su amigo Duarte 500 millones de pesos que le habían entregado Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell para desacreditar al Presidente, vinculándolo con una masacre. Según la versión del ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares, por esa misma época el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les señalaba a él y a la directora María del Pilar Hurtado que esas tres personas (Petro, Córdoba y Coronell) y la Corte Suprema de Justicia eran los blancos de mayor interés para el Presidente de la República.

Para colmo de casualidades, por esos días, y también sin número de radicación, el entonces Jefe de Estado recibió otra carta desde la cárcel. La firmaba el propio Francisco Villalba, quien le pedía perdón por haber hecho una declaración en su contra y se regocijaba porque había sido tocado "por el espíritu de Dios, a través de nuestro señor Jesucristo".

El plan se les cayó porque las dos cartas estaban escritas con la misma letra. Esa letra es idéntica a la de otro recluso, Jesús Amado Sarria, viudo de 'la Monita Retrechera' y protegido por una trabajadora social que resultó compañera del grupo de oración del secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo.

Villalba reveló, inmediatamente, que Sarria le había hecho firmar un papel en blanco para trasladarlo a un patio mejor. Sostuvo esa versión y sus señalamientos contra Álvaro Uribe hasta cuando lo mataron, el 23 de abril del año pasado, tres semanas después de salir de la cárcel.

Otra célebre carta sin radicación la recibió el entonces mandatario de José Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania', en lo que ya está judicialmente probado como un complot contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema que investigaba la parapolítica y, particularmente, al senador Mario Uribe.

El hombre que movió la carta de Tasmania fue su abogado, Sergio González, a la vez apoderado del Tuso. La ex directiva del DAS Martha Leal declaró que por instrucciones de Bernardo Moreno fue a Medellín -con cargo a gastos reservados- para recibir la carta de manos del abogado González.

Cuando Tasmania se retractó, aseguró que el Tuso le había prometido una casa para su mamá a cambio de su declaración. El abogado del Tuso resultó vecino de oficina del ex senador Mario Uribe y de finca de Santiago Uribe Vélez, señalados en otro testimonio como coautores del complot.

Como si fuera poco, el abogado González fue uno de los precursores de la visita de alias 'Job' a la Casa de Nariño y el hombre que relacionó al DAS con un fotógrafo que vendió una información contra Yidis Medina, después de que ella declaró que le habían comprado el voto para aprobar la primera reelección.

Ahora, su mandante el Tuso atestigua sobre los favores que le hizo Mario Uribe. Cuenta que lo recomendó con el ministro plenipotenciario de la Embajada en España, Ignacio Guzmán. Según el extraditado, eso fue como andar con pasaporte diplomático mientras hacía sus vueltas de narcotráfico. También revela los negocios de fincas que hizo con el primo del Presidente y habla de los apartamentos que le cedió y las camionetas que le regaló.

Estamos cerca de llenar el álbum.

Delito de opinión

Por: Antonio Caballero

 

Pues claro que se trata de un fallo político. No solo porque el delito por el que el procurador Alejandro Ordóñez acusa confusamente a la senadora Piedad Córdoba, en el caso de que existiera, sería un delito político, sino porque también los motivos del Procurador para acusarla son políticos. Y la pena, desde luego, es eminentemente política: destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dieciocho años. Es lo que se llama 'muerte política'. Pero en este país de leguleyos tenemos una irrefrenable tendencia a disfrazar con ropajes jurídicos todo lo que sea político, aunque la realidad sea la contraria: no es que lo político sea jurídico, sino que hasta lo jurídico es político.

Digo que la acusación del Procurador es confusa. Está hecha de largas parrafadas hiladas por la conjunción 'o': conjunción disyuntiva que denota contraposición, separación o alternativa entre dos o más cosas. Muy distinta de la 'y': conjunción copulativa cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Así, el Procurador habla de "fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley, o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos". O también -y esta es igualmente una acusación de índole política- "haber realizado actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, evidenciados en el desconocimiento de la legitimidad de algunas instituciones".

¿Al fin qué? ¿Auspiciar, o dirigir, o financiar a las Farc? ¿O intentar fragmentar a Colombia? Cómo serán de vagas las acusaciones que hasta el batallador Plinio Apuleyo Mendoza, habitual defensor de oficio de todo lo que huela a crítica a la izquierda, se desconcierta y pregunta en su columna de prensa: "¿Dónde estaría entonces el delito que justificaría... (la pena)?". Él mismo se responde: "En la ley que castiga nexos con organizaciones armadas ilegales". Y eso, en el caso de Piedad Córdoba, "es algo que tiene ribetes de complicidad y alianza en torno a objetivos comunes con la guerrilla". Asegura Plinio que lo ha explicado el Procurador "con claridad"; pero no está claro ni siquiera para él, y por eso habla de "ribetes de complicidad": de asomos, de indicios: no de pruebas. Lo único claro es la sentencia: muerte política.

En cuanto a lo de los "objetivos comunes": pues sí, claro. De eso se trataba, y no era ningún secreto. Se trataba de negociar con la guerrilla (¿con quién, si no?) la liberación de los rehenes que tenía secuestrados. Y esa tarea le había sido públicamente encomendada por el entonces presidente Álvaro Uribe (con beso en la mejilla y todo) a la senadora Piedad Córdoba, para que la emprendiera en colaboración con otro mediador, también designado por Uribe, el presidente venezolano, Hugo Chávez. Y entre los dos obtuvieron, como ustedes recuerdan, la liberación de varios. Si hubo en eso ribetes de delito, a quien hay que investigar, y castigar si es el caso, es más bien al ex presidente Uribe, que nombró a los negociadores.

Digo también que los motivos del Procurador son políticos. Se trata de un juicio de intención, sí, y no tengo pruebas: pero es que se le nota. Quiere castigar a Piedad Córdoba por un delito que en Colombia no existe, que es el de opinión. Pues es opinión, y no ejecución de un acto delictivo, el pensar y decir que a los secuestrados hay que canjearlos, aunque no sea esa la opinión del ex presidente Uribe. Y es opinión el creer que se debe negociar con los alzados en armas: esos a quienes el propio ex presidente Uribe, llevado por sus ventoleras ciclotímicas a cambiar con frecuencia de opinión, llamaba unas veces "bandidos" y otras "señores insurgentes".

Y quiere también el procurador Ordóñez, y también se le nota, equilibrar con el peso de su dedo la balanza de la Justicia, en su opinión peligrosamente desequilibrada en contra de los políticos de la derecha uribista: más de medio centenar de parlamentarios condenados por la llamada 'parapolítica' (alianza con los grupos paramilitares), y ni uno solo condenado por la llamada 'farcpolítica' (alianza con las Farc). No sé cómo se llama ese comportamiento referido a la balanza simbólica de la Justicia. Pero en las famas donde se vende carne al peso, alterar la balanza es un delito.

Y finalmente: que se cuide el senador Jorge Enrique Robledo.

'El Oráculo'

Por: María Jimena Duzán

 

¿Permitirá el presidente Juan Manuel Santos esa presidencia alterna que está montándole en sus narices el ex presidente Álvaro Uribe? La pregunta me la he hecho una y otra vez esta semana desde que vi cómo el uribismo de sangre azul y los medios anunciaron con gran pompa y boato la llegada del ex presidente Álvaro Uribe a la arena política. Por momentos me sentí como si a Colombia estuviera aterrizando un ser de condiciones sobrenaturales, al que el país tenía que recibir dispensándole toda suerte de privilegios, porque tal era la deuda que los colombianos habíamos contraído con él que era injusto que tuviera que vivir el calvario de sentir esa abstinencia del poder que experimentan los ex presidentes. 

Luego vinieron las audiencias y el besamanos. El primero en pedir cita fue el díscolo presidente del Congreso, Armando Benedetti. La palabra que usó en los medios para registrar su visita al ex presidente Uribe fue la de "oráculo". Sus palabras textuales a La W fueron estas: "Es que el ex presidente Uribe se va a convertir en un oráculo", dijo. El Oráculo, por si acaso el presidente del Congreso no lo sabe, es el lugar al que se va a consultar a los dioses. O en la mejor de las acepciones, se trata del mismo Dios.

¿Y qué ha dicho 'el Oráculo'? ¿Acaso ha venido a aconsejar a su pupilo y copartidario, como cualquier ex presidente? No creo. Por lo que he sabido, a todos los seguidores que han ido a visitarlo les ha dicho que se va a oponer como una mula muerta al proyecto bandera del presidente Juan Manuel Santos: a la ley de restitución de tierras a las víctimas, que personalmente presentó Santos el día en que Uribe aterrizaba en la capital.

Esa ley al 'Oráculo' nunca le ha gustado, valga la verdad. De presidente la hundió porque no estaba dispuesto a reconocer el tema de las víctimas de agentes del Estado y encontró el argumento para sepultarla de que era demasiado onerosa; nos dijo que su gobierno no tenía plata para resarcir a tanta víctima (pero sí había para subsidiar a los finqueros ricos).

Ahora de ex presidente-presidente Uribe tiene una razón de clase más fuerte para oponerse a la ley: a él, que es terrateniente, le parece indigno que haya una ley que invierta la carga de la prueba y que obligue a los dueños de la tierra que serían objeto de la reclamación a probar que ellos son los propietarios. Eso que lo hagan los campesinos víctimas del expolio. Ese es el orden de las cosas. (Qué importa que muchos de ellos hayan sido despojados por esos dueños a sangre y fuego de sus tierras).

Tampoco le gusta el tribunal de magistrados que crearía la ley, el cual estaría encargado de evaluar la veracidad de esas denuncias, porque eso se prestaría a toda clase de arbitrariedades que podrían terminar en persecuciones políticas, como las que a él y a sus huestes les vienen haciendo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, al atreverse a investigar a su guardia pretoriana por escándalos que no existen, como ocurre con inventos como el de la yidispolítica o el de las 'chuzadas' del DAS.

En su primer día, 'el Oráculo' declaró su oposición a una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos, y al otro día ya estaba intentando boicotearla. El presidente Santos tuvo que maniobrar a última hora para evitar que se descuartizara la ley de víctimas en su primera semana de vida, y en esas estamos. ¿Quién ganará el segundo round?

Pero no solo el ex presidente Uribe fue graduado de Dios. En su segundo día recibió la visita de uno de sus más agrios opositores, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, responsable de sacar adelante no solo la ley de restitución de tierras a las víctimas, sino de una ley de tierras más general que todavía no se conoce y que el Ministro ha dicho que la va a presentar dentro de un mes.

No sabemos qué ocurrió en esa visita, pero la sola imagen del ministro Juan Camilo Restrepo yendo a la sede alterna del poder que ha montado el ex presidente Uribe a que les dé la bendición a los proyectos que él ha dicho que no va a apoyar refuerza la tesis de que Álvaro Uribe ha llegado al país a instalársele al presidente Juan Manuel Santos, no como ex presidente ni como su consejero, sino como un presidente alterno, dispuesto a oponerse a sus proyectos bandera.

La guerra entre los dos presidentes que hoy tenemos ha sido declarada, así los cantos de guerra no se hayan escuchado todavía. 'El Oráculo' no solo quiere convertirse en un poder alterno, también quiere utilizar ese poder para intimidar a la justicia, que tiene en serios aprietos a toda su guardia pretoriana. Vuelvo y pregunto: ¿permitirá el presidente Santos esta presidencia alterna que Álvaro Uribe le está montando?

Acto de fe

Por: Daniel Coronell

 

El fallo del Procurador General que destituye a la senadora Piedad Córdoba -y la inhabilita por 18 años- es un ejemplo de persecución política y de chapucería jurídica. El procurador Ordóñez les dio a algunos documentos un carácter que no tienen y en otros forzó la interpretación para convertir en falta disciplinaria lo que en realidad son exabruptos políticos cometidos por la legisladora. 

El documento de 140 páginas -estribillo repetido por algunos, como si la extensión acreditara la solvencia- empieza por tratar de disimular el hecho de que los computadores de Reyes fueron decomisados en territorio extranjero, donde no había jurisdicción de ningún miembro de la policía judicial. (Vea el fallo contra Piedad Córdoba)

Ahí arranca la cadena de contradicciones. El fallo asegura inicialmente que la prueba reina del caso proviene "de unos computadores hallados en un campamento guerrillero en la zona fronteriza con el Ecuador" (Vea el documento) . Una evidente falsedad, porque el campamento de Reyes estaba en territorio ecuatoriano y no en la frontera con ese país.

La mentira es de tal dimensión que apenas unas líneas después el Procurador se corrige a sí mismo y aclara sobre el escenario de la operación: "Si bien la misma se adelantó en territorio ecuatoriano, lo cierto es que hasta este instante no ha habido organismo internacional que le haya impuesto algún tipo de sanción a Colombia". (Vea el documento)

Es decir, el Procurador cree que la ausencia de sanciones internacionales legaliza las pruebas, y eso no es así. Es una interpretación de quien quiere condenar a un contradictor, similar a otros razonamientos suyos cuando ha querido absolver a sus copartidarios.

La decisión menciona más de 40 veces el nombre del capitán Ronald Hayden Coy Ortiz. Él es el oficial de la Dijín que recibió -ya en territorio colombiano- los computadores de Reyes. Ahí están los llamados "correos" valorados por Ordóñez como la principal prueba contra la senadora.

Lo que olvida comentar el Procurador es que el propio capitán Coy, en una declaración a la Fiscalía bajo la gravedad del juramento, aseguró que no encontraron correos electrónicos en el computador de Reyes, sino documentos Word. (Vea el documento)

La diferencia es sencilla: mientras un correo electrónico evidencia que fue enviado y recibido e identifica a remitente y destinatario, un documento Word no puede probar que hubo intercambio de correspondencia.

Más curioso aún es el razonamiento que llevó al Procurador a concluir que Piedad y Teodora eran la misma persona. Transcribo, sin comentarios, esta pieza jurídico-lingüística:

"Y cuando según la remitente del documento asevera que la persona que recibió en su casa agregó que PIEDAD Y CHÁVEZ no han hecho nada, puede inferirse -por el contexto del documento- que la primera persona mencionada (PIEDAD) -que según se dice no ha hecho nada- que aquella denominada como 'esa vieja', que aquella que fue la anfitriona de la visita en su casa y que la personas como aparece como remitente del documento son una misma persona. En ese sentido, si la equivalencia final es el de Teodora (remitente) con la persona que no ha hecho nada (Piedad), quiere decir que Teodora corresponde a una persona de nombre Piedad" (Vea el documento).

Con una deducción parecida, Ordóñez usa una interceptación telefónica entre un hombre llamado Rey, presunto integrante de las Farc, y un desconocido, para concluir que cuando hablan de "esa señora" se refieren -o, lo que es peor, "pueden referirse" - a Piedad Córdoba. Ustedes pueden ver ese documento, y todos los demás, en Semana.com. (Vea el documento)

La última "prueba" es un testimonio según el cual el 15 de junio de este año, la senadora Córdoba acordó pagar los costos de una manifestación por mitades con el hermano de un guerrillero. El testigo dice llamarse Viktor Tomnyuuk y asegura ser ucraniano. Sin embargo, en la única entrevista que ha concedido el pretendido ucraniano dijo que no conocía el himno de Ucrania, sino el de la Unión Soviética, y cuando le pidieron recordar el de la extinta Urss replicó que no tenía talento para el canto. (Vea el video de la entrevista).

Decía San Agustín que fe es creer en lo que no vemos y que la recompensa es ver lo que creemos. Sin duda, Alejandro Ordóñez es un hombre de fe.

La realidad

Por: Antonio Caballero

 

Comentó en días pasados Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, que México se está pareciendo a la Colombia de hace 20 años. Se indignaron los mexicanos de pro. Se indignaron los colombianos de pro. Unos y otros son amigos de negar la realidad. A Hillary, que es gringa de pro –altísima funcionaria, antigua primera dama– le sucede otra cosa: no la conoce. 

Pues su comparación está basada en la ignorancia. Según ella, hoy en México, como en Colombia hace 20 años, los carteles del narcotráfico “empiezan a tener visos de insurgencia”. Y lo de aquí fue al revés: los grupos insurgentes, que existían desde decenios antes de que apareciera el tráfico de drogas, empezaron hace 20 años a cobrar visos de carteles del narcotráfico. Y no sólo ellos. También lo hicieron los grupos contrainsurgentes –los paramilitares protegidos por las autoridades– y muchos colombianos de pro. No fue la insurgencia la que corrompió al narcotráfico. Fue el narcotráfico el que corrompió a la insurgencia. Y a casi todo lo demás.

Esa ignorancia de la realidad sería simplemente ridícula en una persona que se encarga de las relaciones políticas y diplomáticas de los Estados Unidos con el resto del mundo, si no fuera, además, peligrosa. Pues a continuación tranquiliza Clinton a sus oyentes –los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, la prensa, el planeta entero– diciendo (con ingenuidad o con cinismo) que no hay que preocuparse, porque “ellos (los mexicanos) han estado muy dispuestos a aceptar consejos, y nosotros (los norteamericanos) estamos listos para ayudarles”.

O sea, en eso sí, como Colombia hace 20 años. Y previsiblemente con los mismos resultados catastróficos que para Colombia han tenido esos consejos y esa ayuda, y que ahí están para quien quiera verlos.

Los consejos (y algo más: las órdenes) consistieron en combatir la droga, convirtiéndola así en el mejor negocio del mundo: precisamente por eso se dedicaron a él también los insurgentes, y los contrainsurgentes, y mucha gente de pro. La ayuda ha consistido en traer la guerra aquí para no tener que librarla allá. Como el gobierno norteamericano se ha mostrado impotente para lograr que sus ciudadanos cumplan sus leyes y dejen de consumir drogas prohibidas, ha trasladado la obligación de combatir el tráfico a los países que las producen. Es por eso que, por ejemplo, le parece (o dice que le parece) más eficaz controlar desde las siete bases militares prestadas aquí por el gobierno colombiano la salida de buques y aviones cargados de cocaína y marihuana que hacerlo desde allá, desde los cientos de bases militares de que dispone en su propio territorio, controlando la entrada de esos mismos buques y aviones. La ayuda, para Colombia, se ha traducido en destrucción ecológica, escalada de la violencia y corrupción política y moral.

Pero desde la perspectiva de los Estados Unidos, en cambio, tanto los consejos como la ayuda de que habla Hillary Clinton constituyen un excelente trato. Por un lado, la mayor parte de los beneficios generados por la droga –que sólo es rentable porque está prohibida, y ¿por quién está prohibida?– se queda en el sistema financiero de allá. Y por otro, existen en el asunto numerosas arandelas de toda índole. La venta de armas, por ejemplo: tanto los grupos insurgentes como los carteles de la droga compran las suyas en los Estados Unidos. La incesante incautación por el Tesoro norteamericano de las fortunas de los narcotraficantes entregados en extradición a cambio de impunidad o de rebajas de pena. Cosas tan tontas, en apariencia, como la constante destrucción de las maletas de los viajeros que llegan a puertos o aeropuertos norteamericanos por parte de los aduaneros, y su necesaria reposición. Armas, maletas, cuentas bancarias, glifosato para las fumigaciones, pago de pilotos mercenarios (que la prensa colombiana, sumisa, insiste en llamar “contratistas”), insumos para la refinación de la cocaína, sobornos: vayan sumando. El negocio es redondo. Ingenua o cínica, verdadera o fingida, la ignorancia de la realidad o su falsificación por parte de la alta funcionaria norteamericana es interesada. La de los gobernantes colombianos –y mexicanos, si ahora siguen su ejemplo– es servil. Tienen alma de sirvientes.

Un pobre pendejo

Por: Daniel Coronell

Se lo preguntó María Cristina Caballero, una colosal periodista colombiana que ahora trabaja en Estados Unidos. Cuando empezaba el despeje en el gobierno Pastrana y el país vivía la ilusión de un proceso de paz naciente, Jojoy encabezó una arrogante demostración de fuerza. Cientos de guerrilleros con uniformes nuevos, armas modernas y bandas con el tricolor nacional sobre el pecho marcharon hasta San Vicente del Caguán. 

El jefe del Bloque Oriental de las Farc quería exhibir su poder. Hizo formar a los hombres frente a decenas de cámaras de televisión y pidió un parte a los cabecillas. Entre los que se pusieron firmes estaban Romaña, Marco Aurelio Buendía y Jairo Martínez.

Todos los mapas tácticos de la época mostraban que la zona de influencia del Mono Jojoy era también la de los grandes cultivos de coca. El aumento del poderío militar de las Farc en la segunda mitad de los 80 arrancó justamente con el auge de los cultivos ilícitos promovidos por el cartel de Medellín en las selvas colombianas.

Las Farc cuadruplicaron en unos años sus hombres y su capacidad de fuego, pero empezaron a perder progresivamente cualquier horizonte político. Unos años después, el Mono Jojoy y su hermano Grannobles fueron grabados hablando de la entrega de “1.300 terneros”, días antes de que fuera interceptada una avioneta cargada con 1.300 kilos de cocaína muy cerca del área donde operaba Grannobles.

Siempre negó la relación de esa guerrilla con el narcotráfico y pretendió limitarla al “cobro de unos impuestos” a los cultivadores. Sin embargo, su influencia en las Farc creció de la mano de su fortuna. Durante el despeje se movía en camionetas de alta gama y aun después se conocieron imágenes suyas pasado de tragos, montando caballos de paso fino. Gustos más propios de otros sectores de la delincuencia.

Veía la guerra como un problema de territorio y dinero. Jojoy explicaba la existencia de las Farc como consecuencia de la tacañería del Estado. Alguna vez dijo: “No nos quisieron escuchar cuando esto se solucionaba con cinco millones de pesos, en el año 64”.

Dentro de las Farc encarnaba la más dura de las líneas y creía que –en el mejor de los casos– un proceso de paz debería desembocar en un tratado de límites: “Aquí quedan las Farc y aquí queda el Ejército”.

Según él, la zona despejada era el sitio más seguro de Colombia, y como muestra de ello argumentaba que era el único lugar del país al que el Presidente podía ir sin escoltas: “Esta es la zona más pacífica de Colombia. Los homicidios bajaron un ciento por ciento. Las funerarias se quebraron y los curas también”.

La única vez que se disculpó públicamente fue cuando un reportero le mostró que el llamado ‘Ejército del Pueblo’ mataba a campesinos y trabajadores con sus cilindros bomba. Prometió que eso cambiaría, pero el uso de estos artefactos explosivos continuó durante meses después de esa declaración.

Ese era el hombre que, con un reluciente fusil en la mano, dirigía la ominosa parada guerrillera en San Vicente del Caguán, a finales de 1998.

María Cristina Caballero esperó una pausa en la demostración. Se acercó y en una entrevista premonitoria logró sacarle a Jojoy que las Farc solo estaban interesadas en la ley de canje y no en la paz que añoraba Colombia. También le dijo que empezarían a secuestrar políticos para presionar ese intercambio. El gobierno de la época descalificó las afirmaciones porque no venían de un “vocero oficial” de las Farc. Todo lo que anunció en ese reportaje se cumplió con escalofriante exactitud.

Con la noticia de la muerte de Jojoy, recordé otra parte de la entrevista. Cuando María Cristina le preguntó qué haría cuando no tuviera fusil, él respondió que eso jamás pasaría: “El día que entregue el fusil nadie va a querer hablar con nosotros, ni los periodistas. Sería un pobre pendejo. Sería la paz de los muertos, porque nos bajarían de una vez. Si estamos vivos es porque tenemos fusil”.

Entierros y bautizos

Por: Antonio Caballero

 

No sabemos en qué va lo del DAS. El ministro del Interior Germán Vargas, al descubrir hace unos días que también él había sido blanco de sus 'chuzadas' telefónicas, pidió que se hicieran públicas las grabaciones. Y serían sin duda muy interesantes. Tanto o más que las de los adversarios del gobierno paranoico de Álvaro Uribe -los periodistas incómodos, los políticos de la oposición, los jueces-, las de sus amigos, a quienes por lo visto se espiaba para vigilar su grado de lealtad: entre otros, a Vargas y al actual presidente Juan Manuel Santos, que era entonces ministro de Defensa. Y al propio presidente Uribe: "Y ojalá me estén grabando" -le decía este a su amigo 'la Mechuda'- para que se supiera que "le voy a romper la cara, marica". Pero lo verdaderamente importante sería saber quién ordenó las 'chuzadas'. Lo sospechamos, claro: el propio Uribe. Pero no lo sabemos con certeza.

Y es que nada se ha sabido nunca con certeza del DAS. Cuando empezó a hablarse de estas 'chuzadas' de ahora, y tras declarar solemnemente que el organismo había sido infiltrado -a sus espaldas- por narcotraficantes y terroristas, Uribe anunció que en adelante las tareas de inteligencia y contrainteligencia que cumplía pasarían a la policía, en las manos del general Óscar Naranjo. Es de suponer que ahí siguen, pero de ellas no se ha vuelto a hablar.

No sabemos nada del DAS ahora, pero tampoco supimos nada hace tres años, cuando su director Andrés Peñate renunció por ignotas "razones personales". Ni hace cinco y diez, cuando bajo la dirección de Jorge Noguera daba a los narcoparamilitares listas de personas a las que debían matar. Ni hace 25, cuando tuvo tan destacada participación en los magnicidios de la época -el de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro- por los cuales está detenido y bajo investigación su director de la época, el general Maza Márquez. Ni hace 50, cuando nació.

O, más exactamente, cuando fue rebautizado. Pues el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) no es otra cosa que el mismo SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano), creado en 1953 por el dictador militar Gustavo Rojas Pinilla. Hace un par de meses recorté de la sección de El Tiempo titulada 'Hace 50 años' una nota correspondiente al 23 de julio de 1960 de la cual cito un par de frases: "En esta forma (la conversión del SIC en DAS) se dio sepultura a una sigla que recordaba viejas actuaciones de funcionarios indeseables para la sociedad (...) ¡Aunque la transformación pareciera una cuestión sin mayor trascendencia, para el jefe del SIC era de gran importancia un cambio estratégico en el nombre".

Es cierto: el SIC tenía una fama negra de asesinatos y torturas, la misma de su antecesora la Policía Política (Popol) de los gobiernos conservadores de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, a la cual Rojas Pinilla le había cambiado el nombre por la misma razón. No sobra recordar que fue por honrar la memoria de un dirigente sindical torturado y asesinado por los agentes del SIC que Manuel Marulanda Vélez tomó como alias ese nombre cuando se convirtió de campesino liberal en guerrillero comunista. Pero si cito la nota de El Tiempo es por la coincidencia de su lenguaje con el del hoy presidente Santos en unas declaraciones de hace unos años, cuando era ministro de Defensa y propuso, ante los repetidos escándalos, cerrar el DAS:

"Está demasiado enfermo, y de pronto es mejor darle cristiana sepultura".

De inmediato le salió al paso el entonces secretario de Prensa del presidente Uribe, César Mauricio Velásquez, hoy hundido hasta el cuello en el asunto de las 'chuzadas' ilegales, diciendo:

"Ese organismo es importante. Es necesario dentro de la democracia, dentro de las agencias de inteligencia. Hay que reforzarlo".

Esto ocurría en febrero de 2009. En octubre de ese año circuló la noticia de que, una vez más, el DAS iba a recibir, no cristiana sepultura, sino nuevo bautizo estratégico. Y pasaría a llamarse ACI (Agencia Central de Inteligencia).

Pero tampoco volvió a hablarse de eso.

Y llegado a la cima del poder, la única decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos con respecto al DAS, cada día más sumido en el escándalo, ha sido la de confirmar en su cargo al último director nombrado por Uribe, Felipe Muñoz. Y tampoco sabemos por qué.